Imputan a padres por toma de colegio de sus hijos

A partir de la denuncia del fiscal Carlos Rolero Santurian, el GCBA de acaba de imputar a 43 padres por las tomas de secundarias realizadas por sus hijos en 2018.

LAs acusaciones buscan una nueva forma de prevenir estas tomas, y como no pueden imputar a los adolescentes van por sus padres, sin embargo mas allá de tener que llevar adelante el proceso judicial según sea solicitado, todas las acusaciones a los padres serán desestimdas en instancia final, quedando en nada mas que un mal rato, esto por que claramente no hay una responsabilidad directa en los hechos por parte de los padres, desde el punto de vista de la libertad de acción de los hijos como sujeto de derecho.

“Desde Ademys repudiamos este atropello y convocamos a toda la comunidad educativa a organizarse para impedir que sigan avanzando con la criminalización de la protesta y el vaciamiento de la escuela pública…”

ADEMYS

La acusación es por impedir el ingreso o salida de lugares públicos, aunque no descartan utilizar la figura de “usurpación”.

       Las tomas se llevaron a cabo en distintos colegios de la capital y provincia, para visibilizar el vaciamiento de presupuesto hacia la educación pública, evidenciado en el cierre de escuelas y el mal estado de la infraestructura en la gran mayoría de los edificios escolares. Asimismo, se rechazó la implementación de nuevos planes de estudio que apuntan a la pauperización del nivel educativo, a la precarización laboral de los docentes y a una idea sobre la escuela como proovedora de mano de obra flexibilizada y acrítica.

Los adolescentes realizaron vigilias en los colegios su apoyo a la legalización de la IVE y reclamando una correcta implementación de la ley de ESI en las escuelas. Ademas de llevar adelante obras de mejoramiento, limpieza y pintura de los establecimientos mientras duraba el proceso de toma.

      Esta denuncia pasa por alto la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente y tampoco reconoce a los estudiantes como sujetos de derecho, con plena capacidad y potencia para participar de la vida pública y de la toma de decisiones que afecten a su educación. El Gobierno sigue intentando criminalizar la protesta y dividir a las comunidades educativas. Buscan amedrentar y además enfrentar a los estudiantes con sus familias en lugar de propiciar y facilitar el tan mentado “diálogo” que prometían en campaña.

       Desde Ademys repudiamos este atropello y convocamos a toda la comunidad educativa a organizarse para impedir que sigan avanzando con la criminalización de la protesta y el vaciamiento de la escuela pública.

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